La Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado la condena contra un hombre que ejerció como odontólogo sin titulación ni colegiación en una clínica de Navalmoral de la Mata durante aproximadamente una década. El fallo judicial, que revisa la sentencia previa dictada por el Juzgado de lo Penal de Plasencia, fija finalmente una pena de dos años de prisión por delitos de intrusismo profesional, estafa y lesiones imprudentes.
Los hechos se sitúan entre los años 2001 y 2011, periodo en el que el acusado desarrolló actividad clínica continuada atendiendo a pacientes como si se tratase de un profesional cualificado. Durante ese tiempo realizó tratamientos odontológicos completos, incluyendo extracciones dentales, colocación de implantes y prótesis, sin cumplir los requisitos legales exigidos para el ejercicio de la Odontología en España.
La sentencia considera probado que el acusado generó una apariencia de profesionalidad suficiente para inducir a error a los pacientes, quienes contrataron tratamientos y abonaron cantidades económicas bajo la creencia de estar siendo atendidos por un odontólogo habilitado. Este elemento resulta clave para sustentar el delito de estafa, al haberse producido un desplazamiento patrimonial basado en una confianza viciada por la falsa condición profesional.
En el ámbito penal, la Audiencia mantiene la condena por intrusismo profesional con una pena de cuatro meses de prisión, así como cinco delitos de estafa que suman 20 meses adicionales. En cuanto a las lesiones imprudentes, el tribunal sustituye la pena inicialmente impuesta por una sanción económica, aunque confirma la existencia de daño clínico en al menos uno de los pacientes.
Los informes periciales resultaron determinantes al concluir que determinadas actuaciones no se ajustaron a los estándares mínimos exigibles conforme a la lex artis odontológica. En particular, se acreditaron secuelas derivadas de un tratamiento defectuoso, lo que refuerza el impacto del intrusismo no solo desde una perspectiva legal, sino también asistencial y de seguridad del paciente.
Además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá hacer frente a una responsabilidad civil que supera los 40.000 euros, a la que se suman los intereses correspondientes. Las indemnizaciones incluyen tanto tratamientos abonados y no finalizados como intervenciones defectuosas que obligaron a los pacientes a acudir posteriormente a profesionales cualificados para su corrección.
Uno de los casos más relevantes contempla una compensación superior a 24.000 euros por secuelas, incluyendo días de curación, incapacidad temporal y daños derivados. No obstante, la Audiencia introduce una modificación puntual en una de las indemnizaciones, reduciéndola a 300 euros al acreditarse únicamente ese importe como efectivamente abonado.
Desde una perspectiva técnica y profesional, este caso vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar los mecanismos de control y verificación en el ejercicio de la Odontología, así como en la importancia de la colegiación obligatoria como garantía para la seguridad del paciente. El intrusismo profesional no solo vulnera el marco legal, sino que compromete directamente la calidad asistencial y los resultados clínicos.
