Desde el Consejo General se considera necesario conocer los criterios objetivos que llevaron a catalogar a Vivanta como empresa “estratégica”, así como las razones por las que se le han concedido condiciones financieras excepcionales, como la prórroga para devolver el préstamo hasta el año 2028.
El rescate de Vivanta se produjo a finales de 2021, cuando la compañía —propiedad de un fondo de capital riesgo— solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un préstamo de 40 millones de euros. El Gobierno aprobó la operación al considerar que se trataba de una empresa estratégica para el país. Sin embargo, desde entonces no se han hecho públicos los informes o documentos técnicos que avalaron dicha decisión, lo que ha generado dudas dentro del sector odontológico.
El Consejo General de Dentistas se opuso desde el principio a esta medida, al entender que supuso un agravio comparativo frente a miles de clínicas dentales y profesionales autónomos que continuaron prestando asistencia durante la pandemia sin recibir ayudas similares. Según la organización, muchas clínicas tuvieron que afrontar la crisis sanitaria recurriendo a recursos propios o a préstamos privados con condiciones más exigentes.
En mayo de 2023, el Consejo General de Transparencia estimó un recurso presentado por la organización colegial después de que la SEPI denegara el acceso a los documentos que justificaban la calificación de Vivanta como empresa estratégica. El organismo de transparencia consideró “innegable” el elevado interés público en conocer la base de estas ayudas. No obstante, el Ministerio de Hacienda, del que depende la SEPI, recurrió esta decisión, por lo que el proceso continúa pendiente de resolución judicial.
A esta situación se suma un nuevo elemento que ha reavivado el debate: Vivanta alcanzó recientemente un acuerdo con la SEPI para retrasar hasta julio de 2028 la devolución del préstamo recibido en 2022. Para el Consejo General de Dentistas, esta prórroga representa un trato privilegiado que no han tenido otros profesionales del sector, especialmente pequeñas clínicas y autónomos que atravesaron graves dificultades económicas durante los años de pandemia.
La organización insiste en que la transparencia es fundamental cuando se trata de recursos públicos y considera que conocer los criterios que justificaron tanto el rescate como las condiciones posteriores permitiría disipar dudas sobre la equidad de las decisiones adoptadas.
El Consejo General de Dentistas también recuerda que su actuación en estos asuntos ha sido constante. Además de recurrir a los mecanismos de transparencia, la institución mantiene un seguimiento activo de los casos que han afectado al sector, como ocurrió con el escándalo de iDental, cuyo cierre dejó a miles de pacientes con tratamientos sin finalizar y sin recuperar el dinero invertido.
En ese caso, el Consejo se personó como acusación popular ante la Audiencia Nacional, coordinó actuaciones con los colegios profesionales de toda España y difundió información para orientar a los pacientes afectados. Asimismo, trasladó a las autoridades sanitarias la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre determinadas estructuras empresariales en el ámbito sanitario.
Según la organización colegial, su intervención no es simbólica, sino que responde al compromiso de defender a los pacientes y garantizar la dignidad de la profesión odontológica. Por ello, asegura que seguirá reclamando explicaciones sobre el rescate de Vivanta y exigiendo responsabilidades hasta que se esclarezcan completamente los hechos.
