La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre de 2026 abre un nuevo escenario político para la Odontología española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este 5 de octubre la disolución de las Cortes Generales y la celebración de elecciones anticipadas.
Para el sector odontológico, el nuevo calendario electoral coincide con varios procesos regulatorios y asistenciales que se encuentran en distintas fases de desarrollo. Entre ellos figura la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental del Sistema Nacional de Salud (SNS). En mayo, el Consejo de Ministros autorizó una distribución territorial de 60.058.000 euros para continuar ampliando esta cartera. Posteriormente, el Consejo Interterritorial del SNS aprobó en julio la distribución de esta misma cantidad para el ejercicio presupuestario 2026. Los fondos se destinan a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), y deberán ejecutarse hasta 2028.
El programa contempla especialmente a población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales. También mantiene la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años. Según los últimos datos comunicados por Sanidad, la cobertura alcanzó el 30,4% de la población infantojuvenil y el 25% de las mujeres embarazadas, mientras que la cobertura inicial entre mayores de 65 años se situó cerca del 3%. La evolución de esta cartera, su financiación y su despliegue territorial quedarán vinculados a las prioridades sanitarias del próximo Gobierno y a las decisiones presupuestarias posteriores a las elecciones.
Especialidades odontológicas
Otro de los procedimientos pendientes afecta al reconocimiento oficial de las especialidades odontológicas. En julio, el Ministerio de Sanidad resolvió desfavorablemente las solicitudes para iniciar los procedimientos correspondientes a Periodoncia, Cirugía Bucal, Ortodoncia, Odontopediatría, Endodoncia y Prótesis Estomatológica.
Las seis sociedades científicas promotoras presentaron posteriormente recursos administrativos contra las resoluciones, con el respaldo del Consejo General de Dentistas y de la Conferencia de Decanos de Odontología. Las entidades solicitan que continúe la tramitación prevista en el Real Decreto 589/2022 y plantean el desarrollo de un modelo de residencia odontológica remunerado y acreditado. El resultado de este procedimiento queda, por tanto, entre las cuestiones que podrían requerir nuevas decisiones administrativas o normativas durante la próxima legislatura.
Ordenación profesional y empleo público
También permanece abierta la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). En abril, el Consejo General de Dentistas presentó al Ministerio de Sanidad sus aportaciones durante la fase de consulta pública previa al anteproyecto de modificación de la Ley 44/2003. La Organización Colegial reclamó seguridad jurídica, respeto al marco competencial y el reconocimiento del odontólogo como facultativo. En ese momento todavía no existía un texto articulado sometido a audiencia e información pública.
En paralelo, el Consejo General se posicionó en marzo sobre el anteproyecto de reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, al considerar que la clasificación profesional prevista para los odontólogos no reconocía adecuadamente su cualificación y competencias.
La atención odontológica dentro del SNS constituye asimismo uno de los asuntos que el propio sector está situando en el debate profesional. De hecho, el COEM ha convocado para el 14 de noviembre, durante el periodo previo a las elecciones, una jornada dedicada a la Odontología en el sistema público, con análisis de los modelos de provisión autonómicos, las especialidades y la presencia de odontólogos en el ámbito hospitalario.
Publicidad sanitaria y protección del paciente
La regulación de la publicidad sanitaria constituye otra de las demandas planteadas durante 2026. En julio, el Consejo General de Dentistas volvió a reclamar una legislación estatal que establezca criterios homogéneos para la publicidad de los centros y servicios sanitarios.
Con las elecciones del 29 de noviembre, estas materias pasan a formar parte del conjunto de asuntos cuya continuidad, modificación o desarrollo dependerá de la composición de las nuevas Cortes y de las prioridades del Ejecutivo que se constituya posteriormente.
El calendario electoral establece una campaña entre el 13 y el 27 de noviembre, con la jornada de reflexión el día 28 y la votación el 29. Las nuevas Cámaras deberán constituirse antes del 24 de diciembre.
