El Consejo General de Dentistas ha alzado la voz tras la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del proyecto de Estatuto Marco del personal sanitario, una norma clave que, según exponen, ha salido adelante sin el consenso necesario con las profesiones implicadas. La organización colegial ha mostrado su respaldo a la postura de la Organización Médica Colegial (OMC), que también ha advertido de la falta de acuerdo con el colectivo médico.
Desde el organismo que representa a los dentistas españoles se insiste en que una reforma de esta envergadura no puede construirse al margen de quienes sostienen diariamente la asistencia sanitaria. “Como facultativos, consideramos imprescindible que cualquier normativa que regule nuestras condiciones de ejercicio cuente con una participación real y efectiva de los profesionales”, subrayan.
El Estatuto Marco, que regula aspectos fundamentales del ejercicio en el Sistema Nacional de Salud, es calificado por el Consejo como una herramienta determinante para el presente y futuro del sistema sanitario. Sin embargo, lamentan que el texto aprobado no haya incorporado de manera suficiente las aportaciones de los profesionales, lo que pone en riesgo su eficacia y su aceptación en el ámbito asistencial. En este sentido, los dentistas reclaman un cambio de enfoque que sitúe el diálogo en el centro del proceso legislativo. Consideran que la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema dependen directamente de unas condiciones de ejercicio adecuadas, así como de una planificación coherente de los recursos humanos.
La crítica no se limita a una cuestión formal de consenso, sino que apunta a una preocupación más profunda: la desconexión entre la normativa y la realidad clínica. “No se puede legislar sobre la sanidad sin escuchar a quienes trabajan en ella”, insisten, advirtiendo de que la falta de participación puede traducirse en medidas alejadas de las necesidades reales de los profesionales y de los pacientes.
El Consejo General de Dentistas coincide con la OMC en que la sanidad española necesita acuerdos sólidos, estables y duraderos, construidos desde el respeto institucional y la colaboración entre administraciones y profesionales. En su opinión, avanzar sin ese consenso debilita el sistema y compromete su capacidad de respuesta. Por ello, la organización apela ahora al trámite parlamentario como una oportunidad para corregir las carencias detectadas. Confían en que durante este proceso se puedan introducir mejoras sustanciales que recojan las demandas legítimas de las profesiones sanitarias y refuercen el texto final.
Asimismo, hacen un llamamiento a las comunidades autónomas para que, dentro de sus competencias, contribuyan a mejorar las condiciones laborales y organizativas del personal sanitario. Consideran que el compromiso territorial será clave para garantizar una aplicación efectiva de cualquier reforma.
