La Fiscalía de Madrid ha presentado acusación contra la titular de una clínica dental situada en la capital por un presunto delito de intrusismo profesional, al haber ejercido funciones propias de un odontólogo sin disponer de la titulación necesaria. Según la investigación, la acusada no contaba con ninguna formación específica que la habilitara para desarrollar actividades sanitarias dentro de este ámbito.
De acuerdo con el escrito de acusación, la mujer realizaba de manera habitual diagnósticos y aplicaba tratamientos a pacientes que acudían al centro, asumiendo responsabilidades reservadas exclusivamente a profesionales cualificados. Estas prácticas fueron detectadas inicialmente por los servicios de investigación del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM), que inició las actuaciones correspondientes.
Tras la denuncia interpuesta ante la inspección de centros sanitarios, un inspector de Sanidad sorprendió a la presunta intrusa mientras atendía a un paciente en la clínica. Además, la investigación reveló que su nombre figuraba de forma reiterada en las historias clínicas como autora de distintos procedimientos, lo que refuerza la acusación de ejercicio continuado de la profesión sin habilitación legal.
La Fiscalía solicita para la acusada una pena de once meses de prisión. Sin embargo, el COEM considera que los hechos constituyen un delito de intrusismo profesional agravado y reclama una condena más severa: dos años de prisión, así como la inhabilitación especial para trabajar en clínicas dentales o dirigir centros sanitarios durante el mismo periodo.
Este caso vuelve a poner de manifiesto, según el Colegio profesional, la insuficiencia de las penas actuales contempladas en el Código Penal para este tipo de delitos. Desde la organización advierten de que el intrusismo en el ámbito sanitario no solo perjudica a los profesionales cualificados, sino que supone un riesgo directo para la salud de los pacientes, quienes en muchos casos desconocen que están siendo atendidos por personas no capacitadas.
Ante esta situación, el COEM ha anunciado que impulsará nuevas iniciativas para promover una reforma legislativa que endurezca las sanciones por intrusismo sanitario, con el objetivo de reforzar la protección de los ciudadanos y garantizar la seguridad en la atención médica.
