El cierre definitivo de las clínicas de Vivanta ha dejado a miles de pacientes afectados por la interrupción de sus tratamientos odontológicos. El Consejo General de Dentistas ha lamentado las consecuencias de esta situación y ha cuestionado que las negociaciones empresariales desarrolladas durante las últimas semanas no hayan permitido garantizar la continuidad asistencial.
Según las informaciones publicadas, las conversaciones para la adquisición de parte del grupo por Donte Group estuvieron marcadas por discrepancias sobre las condiciones económicas de la operación y la devolución del rescate público concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Finalmente, la oferta de compra decayó el pasado 21 de octubre, sin alcanzarse una solución para la continuidad de las clínicas.
El presidente del Consejo General de Dentistas, Dr. Óscar Castro Reino, ha criticado la situación de incertidumbre mantenida durante este proceso: “No estamos hablando únicamente de la compraventa de una empresa, sino de la salud de miles de personas que confiaron en estos centros para recibir una atención sanitaria”.
El Consejo exige explicaciones sobre el rescate de 40 millones
La Organización Colegial ha recordado que Vivanta recibió en 2022 un rescate público de 40 millones de euros, procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. El Consejo cuestionó esta operación desde su concesión y reclama explicaciones sobre los criterios utilizados para considerar estratégica a la compañía, así como sobre la posterior ampliación del plazo de devolución del préstamo hasta 2028.
El Consejo General considera necesario establecer mecanismos que garanticen la protección de los pacientes cuando una clínica interrumpe su actividad o deja tratamientos contratados sin finalizar. Asimismo, insiste en la aprobación de una ley de publicidad sanitaria que limite las campañas comerciales agresivas o engañosas. “No cuestionamos ningún modelo empresarial que cumpla la legislación y respete los derechos de pacientes y profesionales. Lo que no podemos aceptar es que el riesgo de una actividad empresarial termine trasladándose a quienes ya han pagado por recibir un tratamiento sanitario”, ha afirmado el Dr. Castro.
Recomendaciones para los pacientes afectados
Ante el cierre de Vivanta, el Consejo General de Dentistas ha trasladado una serie de recomendaciones destinadas a facilitar las reclamaciones y preservar la continuidad asistencial:
- Documentación: conservar presupuestos, contratos, facturas, justificantes de pago, consentimientos informados y comunicaciones recibidas.
- Historia clínica: solicitar por escrito información sobre la continuidad del tratamiento y una copia completa del historial, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas. Las dificultades de acceso pueden reclamarse ante la AEPD y la autoridad sanitaria competente.
- Financiación: cuando exista un crédito vinculado, reclamar al prestador y comunicar la situación a la entidad financiera, conforme a los requisitos del artículo 29 de la Ley 16/2011.
- Pagos anticipados: conservar los justificantes de prestaciones pendientes y atender, cuando corresponda, a los procedimientos de comunicación de créditos concursales.
- Continuidad asistencial: acudir a otro dentista si la interrupción puede comprometer la salud y solicitar un informe clínico sobre los tratamientos realizados y pendientes.
- Asesoramiento: dirigirse a las autoridades sanitarias, organismos de consumo y colegios profesionales, examinando las condiciones de cualquier oferta alternativa.
“Desde el Consejo General de Dentistas nos ponemos a disposición de los pacientes y de los profesionales afectados para facilitar, dentro de nuestras competencias, la información y orientación necesarias ante esta situación”, ha concluido el Dr. Castro.
