El Consejo General de Dentistas ha manifestado su rechazo al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, actualmente en fase de tramitación, por considerar que perpetúa una clasificación profesional que discrimina a los odontólogos dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El núcleo de la controversia radica en la categorización establecida a partir del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU). Según el texto, los odontólogos quedan encuadrados en el Grupo 7, mientras que el Grupo 8 se reserva a profesionales que cuentan con especialidad o doctorado. A juicio de la organización colegial, este criterio no refleja de forma adecuada la realidad formativa ni las competencias clínicas de los dentistas en España.
Los odontólogos poseen una formación universitaria de 300 créditos ECTS, que les capacita plenamente para el diagnóstico, la planificación terapéutica, la prescripción y la ejecución de tratamientos odontológicos y quirúrgicos, asumiendo responsabilidad directa sobre la salud del paciente. Sin embargo, el Anteproyecto introduce una equiparación que sitúa a estos profesionales en el mismo nivel que titulaciones con menor carga formativa o condiciona su reconocimiento a la existencia de especialidades oficiales, inexistentes actualmente en el ámbito odontológico español.
Esta circunstancia genera, según el Consejo General, una situación de discriminación estructural. A diferencia de otras profesiones sanitarias que sí cuentan con itinerarios de especialización reglada, los odontólogos ven limitado su acceso al grupo de mayor nivel profesional, lo que repercute en su reconocimiento dentro del sistema público.
Además, el texto del Anteproyecto incluye entre sus principios la no discriminación derivada de la diversidad profesional, lo que resulta contradictorio con la clasificación propuesta. Esta incoherencia se agrava si se tiene en cuenta que diferentes titulaciones que conducen al desempeño de funciones asistenciales similares podrían quedar ubicadas en grupos distintos, vulnerando los principios de equidad, coherencia y proporcionalidad en el reconocimiento profesional.
El Consejo General también ha advertido de la preocupación existente por la coincidencia temporal de este Anteproyecto con la tramitación de la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). En este sentido, la organización insiste en la necesidad de que cualquier modificación normativa no suponga un retroceso en el estatus profesional de los odontólogos ni los sitúe en una posición inferior respecto a otros colectivos sanitarios.
Ante este escenario, la institución ha planteado una serie de demandas concretas. Entre ellas, destaca la creación de un estatuto específico para facultativos o, en su defecto, la modificación del Anteproyecto para incluir a los odontólogos en el Grupo 8, en consonancia con su nivel formativo, competencias clínicas y responsabilidad asistencial.
Asimismo, se reclama la implantación de especialidades oficiales en Odontología, una medida que permitiría alinear a España con el entorno europeo y evitar desigualdades estructurales dentro del SNS. Finalmente, el Consejo aboga por revisar los criterios de clasificación profesional para garantizar que se ajusten a la realidad asistencial y a las funciones efectivamente desempeñadas por cada profesión sanitaria.
La organización colegial ha reiterado su compromiso de continuar trabajando con autoridades sanitarias y responsables políticos para lograr una regulación más justa antes de la aprobación definitiva del texto, defendiendo tanto el reconocimiento profesional de los dentistas como la calidad asistencial del sistema público.
