El Consejo de Ministros ha autorizado este 25 de mayo la propuesta de distribución territorial de los créditos gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS), por un importe total de 60.058.000 euros. La medida incrementará la cobertura de atención bucodental en los colectivos priorizados e iniciar la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo grupo beneficiario de estas prestaciones.
En España, la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental forma parte de las líneas estratégicas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para reforzar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias. El plan prioriza especialmente a la población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales.
En el último año, este despliegue ha permitido alcanzar una cobertura del 30,4% en la población infantojuvenil (lo que supone un incremento de 5,2 puntos respecto al año anterior) y del 25% en el colectivo de mujeres embarazadas. Asimismo, tras iniciar en 2025 la incorporación de los mayores de 65 años, este grupo ya registra una cobertura inicial cercana al 3%, cifra que se busca potenciar con la nueva inversión aprobada.
El acuerdo aprobado contempla que el 10% de los fondos se distribuya atendiendo al peso poblacional de las personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma e INGESA, mientras que el 90% restante se destinará a consolidar la atención en los colectivos ya priorizados.
Asimismo, los criterios de distribución incorporan variables ponderadas según los distintos grupos de población atendidos, incluyendo menores de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y pacientes diagnosticados de procesos oncológicos del territorio cervicofacial.
Los fondos deberán ejecutarse hasta el año 2028 y las comunidades autónomas e INGESA deberán remitir información periódica sobre el grado de ejecución y los indicadores de cobertura y actividad asociados al programa.
