La Audiencia Nacional ha aceptado la competencia para instruir el denominado caso Dr. Smile, una causa judicial iniciada en 2022 a raíz de una denuncia presentada por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM). La decisión responde a la dimensión nacional del procedimiento, que afecta a pacientes de distintas comunidades autónomas.
Hasta el momento, la investigación había estado en manos del Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid. Sin embargo, mediante un auto emitido en mayo de 2025, dicho órgano acordó inhibirse a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción, en aplicación de la normativa que atribuye a la Audiencia Nacional la competencia sobre presuntos delitos con impacto económico o social en más de un territorio judicial.
El Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, ha formalizado la asunción del caso en mayo de 2026, con el respaldo de la Fiscalía, que ha subrayado la necesidad de unificar la investigación ante la posible existencia de una operativa empresarial de alcance estatal y un número creciente de afectados.
El procedimiento se dirige contra la entidad Dr. Smile Iberia, S.L.U. y varias personas vinculadas a su actividad. Según la denuncia inicial, se investigan posibles irregularidades en la comercialización y ejecución de tratamientos de ortodoncia mediante alineadores. Entre los investigados figuran, inicialmlente, dos administradores y una trabajadora del área comercial.
De acuerdo con la información recabada durante la instrucción, existirían indicios de un patrón de actuación repetido en numerosos casos. Este modelo incluiría la captación de pacientes a través de canales digitales, su derivación a clínicas colaboradoras para la toma de registros diagnósticos y la posterior ejecución del tratamiento sin una supervisión clínica directa continuada.
Asimismo, el seguimiento de los tratamientos se habría realizado en algunos casos mediante herramientas digitales, como el envío de fotografías por parte de los pacientes, lo que, según los denunciantes, podría no cumplir con los estándares clínicos exigibles en ortodoncia. También se analizan supuestos de resultados insatisfactorios que habrían requerido tratamientos correctivos posteriores en otras clínicas.
Otro de los aspectos incluidos en la investigación es la posible gestión de reclamaciones económicas, incluyendo la inclusión de pacientes en ficheros de morosidad tras discrepancias sobre los tratamientos o su financiación. Estos elementos forman parte del conjunto de hechos que están siendo evaluados en sede judicial.
El COEM, personado como acusación particular, considera que los hechos podrían derivar en distintos tipos penales, aunque será la investigación judicial la que determine, en su caso, la existencia de responsabilidades. La organización colegial ha desempeñado un papel activo en la recopilación de testimonios y documentación aportada por los pacientes afectados desde el inicio del procedimiento.
La centralización del caso en la Audiencia Nacional responde a criterios de eficiencia procesal y coherencia jurídica. Este enfoque permite evitar la fragmentación de la causa en distintos juzgados territoriales, facilitando una instrucción coordinada y homogénea. La Fiscalía ha respaldado esta vía, en línea con precedentes de investigaciones de carácter similar.
