Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 17 de junio a cinco personas, de entre 32 y 60 años, por su presunta implicación en delitos de usurpación de estado civil, estafa, intrusismo profesional y lesiones, en el marco de una investigación relacionada con la actividad de dos clínicas dentales situadas en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat.
Entre los arrestados figuran cuatro personas que supuestamente ejercían funciones propias de profesionales sanitarios sin disponer de la titulación requerida, además del propietario de los centros investigados. Según la policía catalana, en ambos establecimientos se ofrecía un servicio integral de tratamientos médicos y quirúrgicos que presuntamente se desarrollaba de manera fraudulenta.
La investigación se inició a finales del pasado mes de abril tras la declaración de un testigo que alertó sobre posibles irregularidades en varios centros odontológicos. La información apuntaba a que diversas personas estaban realizando intervenciones y tratamientos propios del ámbito sanitario sin la capacitación legal necesaria para ello.
A partir de estos indicios, los investigadores tomaron declaración a diferentes pacientes que aseguraron haber sido víctimas de tratamientos presuntamente irregulares. Algunas de estas personas manifestaron haber sufrido secuelas físicas derivadas de las intervenciones recibidas, mientras que otras denunciaron perjuicios económicos relacionados con el pago de tratamientos que no llegaron a completarse.
Los agentes llevaron a cabo además vigilancias discretas sobre las clínicas investigadas para comprobar el funcionamiento de los establecimientos y recabar nuevas evidencias. Paralelamente, el Departament de Treball y el Departament de Salut colaboraron en las inspecciones destinadas a detectar posibles infracciones tanto administrativas como penales vinculadas a la actividad desarrollada en los centros.
Con la información obtenida durante la investigación, los Mossos solicitaron autorización judicial para acceder y registrar las instalaciones. El juzgado de instancia e instrucción correspondiente autorizó la operación, que se desarrolló el 17 de junio mediante entradas y registros simultáneos en las dos clínicas.
Durante la inspección, los agentes intervinieron equipos informáticos y documentación relacionada con la gestión de citas y pacientes. Asimismo, comprobaron que los establecimientos no cumplían las condiciones técnicas y sanitarias mínimas exigidas para este tipo de actividad asistencial.
Según informó la policía catalana, en las instalaciones se localizaron materiales enmohecidos y productos sanitarios caducados, además de aparatos y equipamiento que no reunían las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los pacientes.
Como consecuencia de la actuación policial, los Mossos procedieron al precinto de ambas clínicas y el juzgado encargado del caso ratificó posteriormente el cierre provisional de los centros al considerar que existía un riesgo para la salud pública.
Los cinco detenidos, que carecían de antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Martorell, que se ha hecho cargo de las diligencias y de la continuidad de la investigación.
