El Consejo General de Dentistas ha reclamado nuevamente la aprobación de una ley estatal de publicidad sanitaria tras el cierre de cuatro centros pertenecientes a una cadena de clínicas dentales en la Comunidad de Madrid. La organización considera que este nuevo episodio, que se produce pocas semanas después del cierre de dos clínicas en Barcelona, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de establecer una regulación específica sobre los mensajes publicitarios relacionados con los servicios sanitarios.
Según las informaciones difundidas por distintos medios de comunicación, decenas de pacientes se han visto afectados por el cierre inesperado de los centros madrileños. Muchos de ellos aseguran haber abonado cantidades superiores a los 10.000 euros para tratamientos odontológicos que quedaron interrumpidos o que ni siquiera llegaron a iniciarse. Además del perjuicio económico, algunos pacientes han expresado su preocupación por las dificultades para recuperar sus historias clínicas y continuar la atención en otros centros.
De acuerdo con los testimonios recogidos, una parte de los afectados decidió acudir a estas clínicas tras conocer sus campañas promocionales emitidas en televisión. Ante esta situación, el Consejo General de Dentistas insiste en que la publicidad sanitaria debe estar sometida a criterios específicos que garanticen la protección de los pacientes y eviten mensajes que puedan generar expectativas alejadas de la realidad asistencial.
El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, ha señalado que la asistencia sanitaria no debe promocionarse mediante las mismas estrategias comerciales utilizadas para la venta de productos de consumo. En este sentido, considera que la publicidad relacionada con la salud debe ser veraz, rigurosa, comprensible y sustentada en la evidencia científica, evitando mensajes basados en descuentos, ofertas, garantías o promesas de resultados.
La organización colegial propone que una futura normativa estatal establezca criterios homogéneos para todo el territorio nacional. Entre las medidas planteadas figura la prohibición de mensajes engañosos, ambiguos o que puedan generar falsas expectativas en los pacientes; la limitación del uso de ofertas, promociones o descuentos como reclamo comercial; la exigencia de que toda comunicación publicitaria esté respaldada por evidencia científica; y el refuerzo de los mecanismos de supervisión mediante un régimen sancionador con capacidad disuasoria.
El Consejo General de Dentistas sostiene que lleva años alertando sobre las consecuencias de un modelo centrado en la captación masiva de pacientes y en la comercialización anticipada de tratamientos odontológicos. Según la entidad, cualquier actividad empresarial desarrollada en el ámbito sanitario debe quedar supeditada a la seguridad del paciente y al cumplimiento de los principios de buena práctica clínica.
Asimismo, el Dr. Castro ha mostrado su preocupación por el uso del término “tiendas” para referirse a las clínicas dentales en algunas informaciones publicadas recientemente. A su juicio, esta denominación contribuye a trasladar una imagen comercial de la actividad asistencial y desdibuja el papel de las clínicas como centros sanitarios donde los dentistas desarrollan funciones diagnósticas y terapéuticas bajo responsabilidades clínicas, éticas y legales. El Consejo General considera que equiparar estos establecimientos a comercios favorece la mercantilización de la profesión y modifica la percepción del paciente, que pasa a ser considerado un cliente en lugar de una persona que recibe atención sanitaria.
