El Consejo General de Dentistas de España ha manifestado su preocupación ante el cierre o la suspensión repentina de la actividad de numerosos centros de la cadena Vivanta. La organización colegial señala que pacientes con citas programadas y tratamientos odontológicos en curso se han encontrado con clínicas cerradas y con información insuficiente sobre la continuidad de la asistencia contratada.
El Consejo General considera especialmente relevante la situación de los pacientes que se encontraban realizando tratamientos de larga duración, ya que, en numerosos casos, estos servicios han sido abonados total o parcialmente por adelantado o financiados mediante créditos vinculados. La organización reclama que las consecuencias derivadas de una eventual crisis empresarial no recaigan sobre los pacientes que ya han contratado y pagado prestaciones sanitarias.
La situación adquiere una dimensión adicional por el apoyo público temporal recibido por Vivanta en 2022. La compañía fue beneficiaria de 40 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La ayuda se articuló mediante un préstamo participativo de 20,4 millones de euros y un préstamo ordinario de 19,6 millones.
El Consejo General recuerda que ya había solicitado información sobre los criterios objetivos utilizados para justificar este apoyo y, posteriormente, sobre las razones de la ampliación de su calendario de devolución. Asimismo, señala que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó que la SEPI debía remitir los documentos en los que se reflejara la consideración del Grupo Vivanta como una «empresa estratégica» para acogerse al citado fondo. Según la organización, estos criterios y documentos continúan sin hacerse públicos.
El presidente del Consejo General de Dentistas, Dr. Óscar Castro Reino, señala que «resulta difícilmente comprensible que una compañía que ha contado con un respaldo público de esta magnitud pueda llegar a una situación en la que numerosos pacientes descubran de un día para otro que el centro en el que estaban siendo tratados ha suspendido su actividad». En este contexto, sitúa como prioridades la salud, la continuidad asistencial y los derechos económicos de los pacientes.
La organización colegial reclama que los responsables del proceso empresarial y, en su caso, concursal faciliten a cada afectado información inmediata, individualizada y verificable sobre la continuidad de su tratamiento. Entre los aspectos que considera necesario concretar se encuentran el profesional o centro que asumirá la asistencia, las condiciones en las que continuará y el destino de las cantidades abonadas previamente.
El Consejo lleva años alertando
El Consejo General de Dentistas vincula la situación actual con los precedentes de iDental, Dentix y otros centros odontológicos, cuyos cierres evidenciaron las consecuencias que puede afrontar un paciente cuando abona anticipadamente un tratamiento de larga duración y el prestador cesa posteriormente su actividad. Entre esas consecuencias se encuentran la interrupción de tratamientos, la dificultad para recuperar las cantidades entregadas y, en determinados casos, la obligación de continuar haciendo frente a una financiación vinculada al tratamiento no finalizado.
Ante estos precedentes, el Consejo General reclama una reforma normativa que establezca mecanismos de garantía financiera para proteger las cantidades abonadas anticipadamente y favorecer la continuidad de los tratamientos cuando un prestador sanitario cese su actividad o resulte insolvente. Entre las fórmulas planteadas figuran un fondo de garantía, un aval, un seguro u otro instrumento equivalente que resulte eficaz y proporcionado.
La organización también reclama una ley de publicidad sanitaria que impida campañas agresivas en las que la salud sea presentada como un bien de consumo. La propuesta, según el Consejo, debería aplicarse con criterios objetivos a cualquier operador sanitario que perciba anticipadamente cantidades correspondientes a tratamientos de ejecución futura, con independencia de su forma societaria, dimensión o modelo empresarial.
Recomendaciones para los pacientes afectados
Mientras se clarifica la situación de cada centro y de cada tratamiento, el Consejo General de Dentistas recomienda a los pacientes afectados:
- Conservar toda la documentación relacionada con el tratamiento: presupuesto, contrato, facturas y justificantes de pago, financiación, consentimientos informados, resguardos de citas, mensajes y cualquier otra comunicación recibida.
- Solicitar por escrito y por un medio que permita acreditar su envío información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pedir una copia completa de la historia clínica, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas. Si se impide o dificulta el acceso, puede reclamarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y la autoridad sanitaria competente.
- Si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, reclamar de forma acreditable frente al prestador y comunicar inmediatamente la situación a la entidad financiera. El artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, reconoce al consumidor, cuando concurren sus requisitos, la posibilidad de ejercitar frente al prestamista los derechos derivados del incumplimiento del proveedor.
- Si existen cantidades abonadas directamente por prestaciones todavía no realizadas, conservar los justificantes y formular la correspondiente reclamación. Cuando resulte aplicable un procedimiento concursal, deberá atenderse a la información oficial sobre la forma y plazo para comunicar el crédito a la administración concursal.
- Si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse, acudir a otro dentista para que valore clínicamente la situación. Es aconsejable solicitar un informe del estado actual y de los tratamientos realizados y pendientes.
- Dirigirse, en función del problema, a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. Asimismo, analizar con especial cautela las ofertas de terceras clínicas, entidades financieras, intermediarios o despachos y comprobar antes de firmar sus condiciones clínicas, económicas y jurídicas.
Desde el Consejo General de Dentistas se indica la disponibilidad para facilitar, dentro de sus competencias, información y orientación a los pacientes y profesionales afectados por esta situación.
