La Organización Médica Colegial (OMC) ha expresado su preocupación por la suspensión de actividad de numerosas clínicas del Grupo Vivanta y ha trasladado su apoyo a los pacientes afectados, muchos de los cuales tienen tratamientos ya iniciados y abonados total o parcialmente por adelantado.
La organización señala que esta situación genera incertidumbre sobre la continuidad de la asistencia y sobre el destino de las cantidades entregadas por los pacientes. Según la OMC, la eventual interrupción de tratamientos sanitarios presenta características específicas, dado que puede afectar a procesos asistenciales en curso y requiere garantizar la continuidad de la atención.
En este contexto, la OMC sostiene que las crisis empresariales en el ámbito sanitario no pueden abordarse exclusivamente desde una perspectiva económica. La organización recuerda que la Medicina y la Odontología son profesiones sanitarias y considera que las distintas fórmulas de gestión empresarial deben mantener como referencia el criterio clínico y la protección del paciente.
La entidad también vincula el caso de Vivanta con precedentes registrados en el sector, entre ellos Funnydent, iDental y Dentix. A su juicio, estos episodios evidencian la necesidad de establecer mecanismos preventivos que actúen antes de que un cierre o una situación de insolvencia produzca perjuicios asistenciales y económicos a los usuarios. Entre las medidas planteadas figura la creación de mecanismos que garanticen la continuidad asistencial y protejan las cantidades entregadas anticipadamente. La OMC considera que una eventual insolvencia empresarial no debería provocar de forma simultánea la interrupción de un tratamiento y la pérdida de los recursos económicos destinados a financiarlo.
La organización aborda asimismo la regulación de la publicidad sanitaria. Recuerda que Médicos, Dentistas, Farmacéuticos y Veterinarios han reclamado durante años una ley estatal específica en esta materia. La OMC sostiene que la promoción de servicios sanitarios presenta particularidades respecto a la publicidad de otros bienes y servicios, debido a que quienes recurren a estos centros tienen la condición de pacientes además de consumidores.
Ante la situación generada por Vivanta, la OMC reclama a las Administraciones que garanticen la atención de las personas afectadas y establezcan instrumentos de protección ante futuros cierres o insolvencias de empresas sanitarias. También solicita que se impulse una regulación estatal de la publicidad sanitaria.
